El 4 de diciembre pasado, Hugo Sánchez Ramírez concluyó su gestión de nueve años al frente de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), cargo al que accedió vía sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Durante su mandato, se promovió la renegociación de deudas para personas naturales, a través de una serie de requisitos establecidos por la Superir. Esta iniciativa resultó en un notable incremento de deudores que solicitaron la reestructuración de sus obligaciones con los acreedores.

Así, entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de este año, un total de 4.180 personas pidió la renegociación de sus deudas bancarias y comerciales, lo que representa un aumento del 146% en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras del Observatorio Estadístico de la institución.

El mismo informe detalla que en dicho lapso de 2024 hubo 4.235 personas declaradas en quiebra debido a su compleja situación financiera. Por su parte, en 2025 a noviembre, el número de personas en proceso de liquidación aumentó a 6.223, lo que implica un incremento de 47%.

La liquidadora Valeria Cañas cree que estas cifras al alza son “una clara muestra de cómo afecta la inflación a la economía de los hogares chilenos, teniendo una interpretación positiva y una negativa. La positiva, es que no obstante la inflación, los deudores quieren pagar sus obligaciones, recurriendo a este procedimiento de forma de poder cumplir en conformidad con sus ingresos”.

En tanto, el socio fundador de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, destaca la relevancia de los procesos concursales de renegociación de pasivos que llevan adelante masivamente las personas naturales.

“En el fondo, más que una renegociación administrativa, resulta más conveniente una renegociación extrajudicial con el ente acreedor. Por eso, considero que es relevante la presencia de un abogado en el proceso, para poder prever distintos escenarios. Es un tema que requiere un enfoque más estratégico y cooperativo. ¿Pueden las personas hacerlo solas? Sí, claro. Al igual que tú también puedes realizar una posesión efectiva por ti mismo, pero se trata de un lenguaje en el que cuesta insertarse”, sostiene

La renegociación de deudas es un procedimiento administrativo mediante el cual el deudor propone a sus acreedores un nuevo plan de pago, distinto al inicialmente acordado al momento de contraer la obligación. Este proceso está sujeto al cumplimiento de cuatro requisitos establecidos por la ley: contar con dos o más deudas, que el monto total de las deudas supere las 80 UF, que haya transcurrido un plazo superior a 90 días desde el vencimiento de las obligaciones, y no estar involucrado en juicios judiciales pendientes.

Pocos cambios

El análisis de las cifras de insolvencia de empresas, en cambio, mostraron tendencias antagónicas.

Según el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia, entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2025, un total de 40 empresas solicitó su reorganización, mientras que 630 fueron declaradas en quiebra. Estos números dan cuenta de una disminución de 30% en las solicitudes de reorganización y de un aumento de 8% en las quiebras, en comparación con el mismo período del año previo.

De las 630 empresas que han declarado su quiebra, 346 están ubicadas en la Región Metropolitana, 50 en el Biobío, 47 en Valparaíso, 32 en Los Lagos y 31 en La Araucanía. Además, 112 de estas firmas corresponden al rubro de la construcción, mientras que 178 se encuentran en el sector del comercio al por mayor y menor.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda y Pino, explica que “ha sido un año complejo marcado por una desprolija administración y la inminencia del cambio de gobierno. Ello ha llevado a un comportamiento errático en las cifras de insolvencia. Las personas naturales han incrementado considerablemente sus procesos de renegociaciones y liquidaciones, motivadas, principalmente por la urgencia de poner término a juicios, morosidades e incertidumbre”.

“En cambio, en las empresas las cifras se mantienen en parámetros estables. Lo anterior obedece a que estas tienen una capacidad mayor de soportar periodos de crisis financiera, apostando a un cambio de gobierno que debiera traer un auspicioso repunte económico y apostando a una disminución de la inseguridad de las personas”, añade.

Por su parte, Ricardo Reveco, socio de Carey plantea que “la estadística da cuenta de la concentración de casos en la Región Metropolitana y confirma que ha existido un descenso en el número de reorganizaciones nacionales (en empresas), probablemente por las expectativas de mejora en la economía producto de los cambios políticos que se avecinan, como también por una decisión de la banca de tratar de resolver esos casos de insolvencia out of court, es decir, fuera de tribunales”.

Por último, Ernesto Solís, senior Partner & Managing Director de FixPartners Consulting, añade que “en 2025 observamos una disminución en los casos de reorganización empresarial, tanto en términos de cantidad como de montos de deuda. Esto sugiere que las condiciones macroeconómicas han mejorado, con una disminución en las tasas de interés, una inflación más controlada y expectativas de un cambio de gobierno hacia un enfoque más promercado”.

“Este contexto implica que, probablemente, en 2026 veremos menos casos de reestructuración judicial. Sin embargo, las reestructuraciones fuera de corte (o out of court), que siguen un proceso similar al judicial pero se realizan directamente con proveedores y acreedores, seguirán siendo comunes. En 2025, hubo un notable aumento en las reestructuraciones privadas, y esperamos que esta tendencia continúe en 2026″, concluye.