Una compleja tramitación se espera del proyecto de ley que recién ingresó el gobierno al Congreso y que tiene como eje central reformular el sistema de tributos para las pymes. Así lo han adelantado los parlamentarios de oposición, quienes critican el hecho de que se presente en la última parte del período de gobierno y que incluya demasiadas temáticas distintas.

El cambio fundamental es que estas empresas de menor tamaño no pagarán el impuesto de primera categoría, sino que se reflejará en el Global Complementario de los dueños de la firma.

Se explicó que para aquellas empresas que no quieran estar en el régimen transparente se mantiene el actual régimen integrado, modificando la tasa de impuesto de primera categoría (IDPC), que pasa a ser de un 20%.

La iniciativa también considera alza de impuestos para compensar los menores ingresos que recibirá el Fisco, considerando las medidas de alivio tributario que se entregan en educación y arriendo, sumado al cambio tributario en las pymes. Este conjunto de cambios, agregando el de los beneficios para la clase media, tiene un costo anual cercano a los US$1.000 millones.

Pero frente a esta iniciativa los reparos no existen solo a nivel político, sino que también en el ámbito de los expertos tributarios y de economistas.

Rodrigo Garcés Carrasco, abogado de CBC Abogados, afirma que “el proyecto tiene una clara intención redistributiva y contiene avances valorables, como ciertos beneficios para la clase media. Pero en lo esencial, prioriza la recaudación por sobre el crecimiento. Aumenta la carga sobre sectores productivos sin ofrecer incentivos reales a la inversión ni al empleo, y da la impresión de estar más orientado a cumplir un objetivo político que a empujar el desarrollo económico del país”.

En cuanto al alza de impuestos a las personas, el experto dice que “son medidas que apuntan a más progresividad, pero en el contexto actual pueden tener efectos adversos. Subir el impuesto a las personas de mayores ingresos y cerrar beneficios a fondos y herencias puede desincentivar el ahorro y la inversión, justo cuando más se necesita dinamismo. Si no se aplican con cuidado, estas reformas terminan castigando la planificación patrimonial y el emprendimiento, más que corrigiendo desigualdades reales”.

Álvaro Moraga, socio de Moraga & CIA, apunta que “nada de lo propuesto tiene mérito técnico ni político suficiente para ser discutido en serio. Incluso en el caso de las contribuciones o del régimen para pymes, lo que el país requiere es una reforma estructural y moderna a todo el sistema tributario, no una suma de parches mal conectados que responden más a urgencias ideológicas o recaudatorias que a una verdadera estrategia de desarrollo productivo”.

Otro que plantea su visión es César Gacitúa, socio líder de Business Tax en Deloitte, quien afirma que “uno de los cambios que se propone es que las distribuciones que hagan los fondos de inversión a las empresas quedarán gravadas con el impuesto de primera categoría en dichas empresas, sin perjuicio que puedan utilizar el potencial crédito que pudieran tener tales repartos, y nos preguntamos cuál podría ser el efecto multiplicador en la economía de tal medida”. En ese sentido indica que “si los fondos de inversión son vehículos de inversión relevantes para la economía, nos gustaría poder dimensionar los efectos macroeconómicos de las medidas propuestas y que los impactos en el mercado de capitales no provoquen efectos desfavorables que no se hayan previsto”.

Asimismo, apunta que “se entiende la necesidad de mayor recaudación, pero preocupa que el financiamiento se obtenga de la renta de las personas naturales. Tal vez podría ser interesante que se consideren rebajas que deterioran los ingresos en casos de enfermedades, cuyo costo no es considerado en el cálculo de la base imponible”.

Y Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores, comenta que “se establece que es un beneficio tributario para las pymes, no obstante, al leer el proyecto, uno aprecia todo lo contrario. Se entiende que existe un sistema de regímenes tributarios simplificado para las mipymes, presentándose en términos positivos. Sin embargo, este régimen ya existe y por lo tanto lo único que está haciendo, a contrarreloj, es establecer un límite para aquellos que puedan estar en este régimen, pero adicionalmente saca a quienes superen esos límites a un régimen con incremento de tasa al 20%”.

A nivel económico, el exdirector de la Dipres y académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, asevera que “las principales medidas propuestas me parecen que van en la línea correcta. Al final, la aprobación o rechazo pasará por las medidas compensatorias de las rebajas, lo que estará en manos del Ejecutivo viabilizarlas para lograr la aprobación del proyecto de ley”.