Hace poco más de dos años, en mayo de 2023, el gobierno le solicitó la renuncia al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien fuera clave en la redacción de la reforma previsional que ingresó en ese momento el gobierno al Congreso.

Frente a ello, Larraín interpuso en tribunales una demanda por tutela laboral, de la que en marzo se conoció el resultado: el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago rechazó la acción presentada por el exsubsecretario de Previsión Social en julio de 2023 en contra del Ministerio del Trabajo, en la que exigía una indemnización por $580 millones.

En respuesta a esto último, la defensa de Larraín ingresó un recurso de nulidad, para que se revise el proceso judicial. Y según señalan quienes conocen del asunto, para este miércoles la causa está puesta en tabla, para que la Corte de Apelaciones conozca el recurso y escuche los alegatos. Eso sí, eso podría postergarse en caso de que alguna de las partes pida una suspensión o extensión de plazo.

La demanda que interpuso Larraín inicialmente recordaba que el 26 de mayo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le pidió la renuncia argumentando “supuestas ´denuncias de acoso sexual y laboral´, ´realizar conductas calificadas como no del todo positivas´ y efectuar ´hostigamiento´ hacia funcionarios de la subsecretaría que lo estaban ´pasando muy mal´”.

Bajo este escenario, la denuncia fue presentada “por vulneración de garantías constitucionales, con ocasión del despido, por haberse vulnerado la garantía constitucional de mi representado (...) que garantiza el respeto y la protección del honor de la persona y de su familia”.

En la sentencia que publicó en marzo el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, y que fue dictada por el juez titular Víctor Riffo, se concluyó que, del análisis de la prueba en relación con la denuncia, se desprende que “no ha existido un acto del empleador al que se pueda atribuir una calificación de agresión al derecho fundamental de la manera descrita en el artículo 485 del Código del Trabajo”.

Así, “al descartar esa acción principal, la acción conjunta, pero accesoria de indemnización de perjuicios morales como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, deberá ser desechada de plano, pues no logrará unirse ese daño a un actuar imputable al empleador”, estableció el juzgado.

Christian Larraín, quien fue asesorado en el juicio por Jorge Bofill, pide una indemnización de $80 millones, equivalente a 11 remuneraciones mensuales, y otros $500 millones por daño moral.