Debate ha generado las declaraciones que entregó el sábado a La Tercera-Pulso el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien si bien cuando estuvo el Servicio era partidario de abrir las cuentas bancarias para que el SII tuviera acceso, ahora se mostró un poco más reacio por las posibles filtraciones que se podían producir.

“Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad”, dijo en la entrevista. En ese sentido añadió que “yo que estuve adentro del SII sabía que había gente que se metía a la base de datos del Servicio para ver información de contribuyentes que no les correspondían, porque ellos no tenían que fiscalizarlo, pero igual se metían a ver información. Hay temas que mejorar en el servicio antes de que tenga acceso a la información bancaria. Se tienen que mejorar sus sistemas de control para evitar que la gente se meta a información de los contribuyentes que no les corresponde y, si la ven, que no la usen para otros fines”.

Ante estas declaraciones las respuestas no se dejaron esperar y fue por partida doble. Primero fue la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien afirmó que “me parece una falta de compromiso con la propia institución que él presidió, y desconocimiento, porque el Servicio Impuestos Internos es una institución con prestigio, con facultades y herramientas que el propio Congreso le ha entregado y que funcionan”.

Vallejo añadió que el “facilitar el levantamiento del secreto bancario en el marco de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero, que es algo que transversalmente también se ha solicitado, para perseguir la ruta del dinero, no en el caso del cumplimiento tributario, sino que en el caso de la persecución del crimen organizado”.

Y más tarde el propio SII respondió a La tercera-Pulso sobre estas declaraciones de su exdirector. “Respecto de la consulta sobre las expresiones del exdirector del SII, Javier Etcheberry, no podemos entrar en detalle porque se trata de procesos en curso. Sí podemos comentar que el respeto a la reserva tributaria, establecido en el Artículo 35 del Código Tributario, es una de las exigencias que deben cumplir en forma irrestricta quienes formamos parte del Servicio”, señala el Servicio.

El organismo que dirige ahora Carolina Saravia, puntualizó que “la Ley 21.713 también modificó el Artículo 62, inciso sexto, estableciendo que las autoridades o funcionarios del Servicio que tomen conocimiento de la información bancaria secreta o reservada estarán obligados a la más estricta y completa reserva respecto de ella y, salvo los casos señalados en el inciso segundo, no podrán cederla o comunicarla a terceros. La infracción a esta obligación se castigará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 70 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. Asimismo, dicha infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución”.

Y enfatizaron que “estamos muy conscientes de que ninguna institución está libre de que se infrinjan obligaciones funcionarias, por lo que trabajamos para minimizar al máximo las posibilidades”.

Los casos

Desde el Servicio detallaron que en el periodo de Javier Etcheberry como director del SII, incluyendo los meses que ejerció como subrogante, “se abrió solo 1 sumario por acceso indebido a sistemas, en el año 2025”.

Mientras que el periodo de Hernán Frigolett, en tanto, indicaron que “se abrieron 6 sumarios en total por esta causa: dos en 2022 y 4 en 2023. 2 finalizaron con la destitución de los funcionarios involucrados (uno de ellos correspondía a Patricio Mejías, vinculado al caso Audios), 1 con multa, 2 con sobreseimiento y otro se encuentra pendiente de fallo”. Ahora, para el período que Fernando Barraza estuvo en la dirección del SII, se abrieron 17 sumarios en total por esta causa: 2 en 2015, 4 en 2016, 2 en 2017, 1 en 2018, 4 en 2019 y 4 en 2020. De estos procesos, 1 terminó con destitución, 5 con multas, 1 con censura y 10 con sobreseimiento.

“Es un riesgo que existe, y que el SII ha venido gestionando desde siempre, pero los datos no muestran que durante el periodo de Javier Etcheberry haya existido un aumento de casos ni menos que se trate de un fenómeno que se descubre gracias a su gestión”, aseveran desde la entidad fiscalizadora.

Mecanismos de control

Desde el SII también resaltaron que los mecanismos de control que el organismo ha estado establecido están en constante revisión. Así, por ejemplo, señalan que “tras el caso Audios, en 2023, fortalecimos estos procesos, implementando un control aleatorio o cruzado en los procesos de fiscalización y reclamos administrativos, para generar la revisión de fondo de algunos casos”.

También dicen que “se reforzó la trazabilidad de los sistemas, permitiendo un mayor detalle de los accesos y acciones realizadas y generando alertas que permitan controlar los procesos y sus participantes”.

Y en los últimos dos meses, mencionaron que se adoptaron nuevas medidas tendientes a continuar robusteciendo las medidas de control interno. Una de ellas es que “se emitió una instrucción de carácter interno sobre el procedimiento institucional para la gestión de los perfiles de acceso a información almacenada en los repositorios de datos en ambientes analíticos, reportes de datos agregados y a las herramientas para su exploración, administrados por la Subdirección de Tecnologías de la Información”.

Así indicaron que “se está trabajando en la creación de un área de control interno proactivo en la Subdirección de Contraloría Interna, que tiene como objetivo utilizar la información disponible en el Servicio para relevar alertas y supervisar situaciones que pudiesen atentar contra la probidad funcionaria”.

Por último, señalaron que “la información de los avalúos fiscales de las propiedades y del valor de sus contribuciones, es pública y no está cubierta por la reserva tributaria. De esta forma, puede ser consultada a través del ROL o dirección del bien raíz en www.sii.cl.

La postura de los tributaristas

Los expertos tributarios también fijaron posturas ante este debate. Y entre ellos no hay una sola mirada con respecto a si el SII debe tener acceso al secreto bancario o no.

Loreto Pelegri, socia de PwC, afirmó que “siempre hemos sostenido que el levantamiento del secreto ya existe y debe estar en manos de los tribunales. De hecho, se modificaron recientemente los plazos con la ley de cumplimiento a fin de agilizar el trámite. El SII cuenta con bastante información de los contribuyentes”.

Mientras que Luis Felipe Ocampo, de Recabarren &Asociados, apuntó que “decir qué debería modificar el SII para que se pueda autorizar el levantamiento del secreto bancario, no es tan real, porque se necesita una norma específica, más aun si se están afectando o restringiendo derechos del contribuyente, como ocurre con la garantía de la privacidad, y que dadas las aparentes filtraciones de información que hoy hacen noticia, sólo le queda intensificar y mejorar los controles de acceso a la información tributaria, cuya reserva deben cautelar de manera celosa y efectiva”.

Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados Tributarios, planteó que “las declaraciones de Etcheberry son contradictorias con lo que el mismo señaló en su calidad de Director, tanto en la prensa como en el Parlamento. En mi opinión, es importante que el país avance en un mejor acceso a la información bancaria cuando se trata de corrupción o crimen organizado. No eliminar el secreto bancario, pero agilizar el acceso para la debida investigación de delitos de alta connotación”.

Para el socio de Mena Alessandri, Cristián Mena, “el levantamiento del secreto bancario debe ir acompañado de sólidas garantías de confidencialidad. Por ejemplo, cuando se implementó la repatriación de capitales del 2015, existían temores sobre la liberación de información, y no es casualidad que las propias circulares del SII establezcan multas altas por la divulgación indebida de datos. Esto refleja la importancia de proteger la información de los contribuyentes”.

Para Álvaro Moraga académico y socio de Moraga y Cia, “el debate sobre el secreto bancario se ha distorsionado. En Chile no es absoluto: los tribunales lo levantan sin dificultad cuando existen fundamentos sólidos”. No obstante, acotó que “el verdadero riesgo no está en la norma, sino en entregar el acceso directo a un órgano administrativo dependiente del Gobierno de turno. Eso no fortalece la lucha contra el crimen organizado”.

Y Rodrigo Cabrera socio de CBC Abogados, planteó que “las declaraciones reflejan un cambio de opinión sustentado en su experiencia como exdirector del SII, al constatar usos indebidos de herramientas por parte de funcionarios, y también en su calidad de ciudadano afectado por filtraciones de información reservada”.