El Segundo Tribunal Ambiental visitó este miércoles el plantel de crianza y engorda de cerdos Santa Mariana, ubicado en la comuna de Talagante.

La inspección se realizó en el marco del análisis de una demanda de reparación por daño ambiental en contra de Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada.

El recorrido fue encabezado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta del Tribunal y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, quienes fueron acompañados por profesionales de dicha judicatura especializada y representantes de la demandante, Junta de Vigilancia Parcelación Doña Esther y la demandada, Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda.

La acción fue presentada por la Junta de Vigilancia Parcelación Doña Esther y acusa que la operación de este establecimiento y otro ubicado en Isla de Maipo, ambos pertenecientes a la misma empresa, estaría afectando el medio ambiente y la salud de las personas.

En detalle, la Junta de Vigilancia alega que el daño ambiental se estaría produciendo por los malos olores provenientes del hacinamiento de los animales y del tratamiento de purines. Además, se estarían generando vectores sanitarios y contaminando el suelo y las aguas.

Además, desde la Junta señalan que, si bien las instalaciones cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), esto se debe a que comenzaron a operar antes de la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, el aumento en su nivel de producción implicaría que actualmente estarían funcionando fuera del SEIA, “lo cual da cuenta del actuar irregular e ilegal de la demandada”, dice.

Es por esto que la Junta le ha solicitado al Tribunal que declare que se ha producido un daño ambiental y ordene la suspensión de las actividades agroindustriales mientras estas no cuenten con RCA favorable. También exigen la adopción de medidas de mitigación y la implementación de un manejo ambiental responsable en las instalaciones.

Por su parte, la Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda. ha rebatido cada uno de los puntos y sostiene que, a su juicio, no existen antecedentes que permitan atribuirle responsabilidad por daño ambiental.

Además, argumente que el área donde se desarrollan sus actividades corresponde a un área de interés agropecuario exclusivo, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y atribuye la responsabilidad a otras industrias cercanas a Doña Esther.

Cabe destacar que, en noviembre de 2024, el Tribunal llamó a las partes a conciliación. Si bien demandante y demandado le expresaron su interés por llegar a un acuerdo, en diciembre del mismo año ambas partes indicaron que, pese a proponer una serie de medidas destinadas a cerrar una conciliación, estas no alcanzaron consenso.

En enero de 2025, el Tribunal dio por fracasada la conciliación e inició el juicio propiamente tal.