Del 16 al 26 de junio se realizó en Bonn, Alemania, la reunión técnica de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (SB62), una instancia clave en el camino hacia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que tendrá lugar el próximo noviembre en Belém, Brasil.

Un reciente artículo publicado por Felipe Fontecilla y Benjamín Carvajal, de la ONG Uno.Cinco, titulado “Camino a la COP 30: Qué pasó y qué no en la Conferencia de Cambio Climático de Bonn 2025 (SB62)?”, pone en evidencia la falta de acuerdos en torno al financiamiento climático, un tema que promete ser prioridad en la agenda de la COP 30 a fines de este año, especialmente por su implicancia en las brechas Norte-Sur (relacionadas a las diferencias que existen entre los países del hemisferio norte y el hemisferio sur), la transición justa y la implementación efectiva del Acuerdo de París.

Entre los resultados de la conferencia, asegura el análisis, uno de los más destacados fue la presentación del “Baku to Belém Roadmap”, una hoja de ruta que pretende movilizar US$ 1,3 billones anuales hacia 2035. Sin embargo, la propuesta, según el documento, fue criticada debido a una carencia de cronogramas claros y metas vinculantes, “especialmente por parte de los países del sur que insisten en la demanda de financiamiento público, concesional y sin condicionalidades, garantizando el acceso directo y simplificado a fondos para mitigación, adaptación y pérdidas y daños”.

Financiamiento climático y justo

“En 2022, los países desarrollados movilizaron US$ 115,9 mil millones en financiamiento climático, pero solo el 28% se destinó a adaptación y menos del 20% incluyó desarrollo de capacidades. Esta brecha limita la efectividad del financiamiento en países en desarrollo”, explica Benjamín Carvajal, autor del documento de Uno.Cinco sobre la SB62.

La transición justa fue uno de los temas con mayor interés durante la conferencia. Se propuso el Belém Action Mechanism (BAM), un instrumento operativo que busca canalizar apoyo técnico y recursos a procesos de descarbonización inclusivos, del cual países del sur, junto con actores de la sociedad civil, exigieron que incluya la voz de comunidades afectadas, sindicatos y pueblos indígenas, estableciendo así las bases para una arquitectura climática con justicia distributiva. Aunque aún no ha sido aprobado, podría ser una de las decisiones más relevantes de la COP 30.

“Para que estos recursos generen soluciones reales, deben articularse con políticas públicas coherentes, gobernanza técnica y formación especializada. En países como Chile, donde ya se han aprobado más de US$ 1.200 millones en fondos climáticos internacionales, existe un potencial claro para impulsar innovación desde el sur global”, agrega Carvajal.

En esta misma línea, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, destaca que “América Latina y el Caribe, y en particular Chile, tienen una oportunidad crucial para posicionarse como defensores activos del Belém Action Mechanism (BAM), asegurando que este se construya sobre los principios de justicia territorial, participación de las comunidades y financiamiento público adecuado”. Agrega, además, que los mecanismos de implementación necesitan responder a las realidades y asimetrías del sur global.

Ducci advierte también sobre la urgencia de consolidar el Fondo de Pérdidas y Daños, cuya operatividad técnica ya está en marcha, pero sin fuentes de financiamiento del todo claras. “Para evitar que dicho fondo se convierta en una estructura vacía, la comunidad internacional debe comprometer recursos nuevos, adicionales y no condicionados. Las contribuciones deben enmarcarse en principios de responsabilidad histórica, equidad y capacidad financiera”.

En cuanto al rol del sector privado, Ducci destaca la importancia de contribuir al financiamiento climático, especialmente ahora “que el sistema multilateral está en una encrucijada”. “Las empresas pueden y deben actuar de manera paralela y complementaria a las responsabilidades estatales. No se trata solo de compensar, sino de invertir estratégicamente en resiliencia operativa y desarrollo de mercados sostenibles”, señala.

Preparándose para la COP 30

De cara a la COP30, las expectativas están puestas en que el encuentro marque un punto de inflexión. “Lo que esperamos de Belém es una redefinición del pacto climático que asegure que el financiamiento climático sea adicional, predecible y accesible”, indica Ducci. En la misma línea, concluye que “Chile, como país de ingreso medio altamente vulnerable al cambio climático, puede tener una voz relevante si promueve una visión de cooperación sur-sur, colaboración público-privada y mecanismos innovadores como los canjes de deuda por acción climática o los bonos soberanos sostenibles”.

Del mismo modo, Carvajal advierte que si bien Chile puede convertirse en motor de innovación climática, “solo es posible si se articulan políticas públicas, educación, herramientas de gestión y transferencias financieras desde los países desarrollados”.

En el artículo, los autores terminan haciéndose preguntas abiertas de cara a Belém: si podrá la COP30 convertir el financiamiento climático en un derecho y no en una deuda, si tendrá la transición justa una arquitectura institucional real o seguirá atrapada en el discurso, y si habrá capacidad de construir un multilateralismo posoccidental, basado en la justicia climática y no en la dominación encubierta.