El sector pesquero se ha enfrentado a aguas turbulentas en el último tiempo. En septiembre de 2024, la Cámara de Diputados comenzó el trámite de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, que vio la luz en junio de este año y que modificó las cuotas de artesanales e industriales en distintas pesquerías, y cuyo fondo fue objeto de fuertes diferencias. A tal punto, que empresas pesqueras anunciaron que recurrirían a la justicia.

Ahora viene una nueva etapa que inquieta a la industria: la implementación de la ley. Al respecto, a comienzos de noviembre Pulso anticipó siete medidas que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) pretende aplicar por medio de actos administrativos.

“Estas medidas serán de efecto inmediato y beneficiarán a más del 80% de las embarcaciones que desarrollan la actividad pesquera artesanal”, dijo el subsecretario de Pesca, Julio Salas, por esos días.

Sin embargo, desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), organización que agrupa a gremios de la pesca industrial a lo largo del país, ven con preocupación aquello. De hecho, en entrevista con Pulso su presidente, Felipe Sandoval, adelanta que presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República (CGR) para que revise la legalidad de la mencionada implementación.

“Ni la parte que aducen de la Ley de Fraccionamiento, ni el artículo 50, autorizan a hacer lo que se está haciendo. Por eso es que nosotros estamos diciendo que aquí hay una ilegalidad”, acusa Sandoval.

El timonel de la federación gremial alude a ese artículo, particularmente el 50 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura, porque es el que citó Subpesca en una resolución para sustentar la implementación del fraccionamiento.

Sandoval plantea también las preocupaciones más globales del sector pesquero y la mirada de Sonapesca tanto del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, como de los desafíos que dejará pendiente la actual administración.

Hasta el momento, ¿qué consecuencias concretas ha tenido para el sector la aprobación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero?

-Algunas cosas de la ley se implementaban al poco tiempo de aprobar, pero lo sustancial es a partir de 2026. Recién estamos viendo algunas consecuencias. Una, que no es menor, es que la ley no conversa con lo que científicamente correspondía hacer. No en todos los casos, pero sí en algunos.

Las cuotas de pesca las discuten los comités científicos en base a lo que le consulta la subsecretaría. Hay un comité científico que determinó que el área que definió la Ley de Fraccionamiento para establecer la cuota de pesca no correspondía, porque en esa área había dos stocks distintos que tenían que definirse con cuotas distintas.

Hay un tema ahí que demuestra que lo que se aprobó en la ley no tenía relación con la realidad científica de lo que pasa en la pesca en Chile.

Ahora falta la implementación de la ley, ¿qué esperan de ese proceso?

-Estamos esperando (...) faltan dos semanas para el 31 de diciembre y antes de fin de año se tienen que definir las cuotas del próximo año. No están definidas todavía. Cuando definan las cuotas del próximo año tienen que aplicar el nuevo fraccionamiento. No sabemos cómo lo van a aplicar, ni se sabe cómo va a ser la distribución entre los artesanales, en la parte que le corresponde a ellos. Entonces, todavía falta la implementación de la ley.

¿Cómo evalúan las 7 medidas que la Subpesca anunció a comienzos de noviembre?

-Nadie se opone a que la gente pueda tener mejores condiciones, pero eso nuevamente hay que hacerlo respetando la legalidad y respetando la capacidad que tiene el recurso de ser capturado. Sobre estas 7 medidas, le preguntamos al subsecretario si había algún estudio que lo respaldara, y dijo que no, que eso había que verlo en el tiempo, de cómo iba afectando.

Y son pesquerías que están cerradas, porque aumentar el esfuerzo sobre ellas, o sea, meter más gente que pesca, puede ponerlas en riesgo. Eso implica que los que tienen autorización para pescar son los que ya están, y no pueden entrar más. Entonces, lo que se está haciendo aquí es meter una cantidad importante de embarcaciones a pescar recursos que están cerrados, porque ya no resisten que haya más.

Frente a ello, ¿cómo actuaron?

-Presentamos un requerimiento ante la Contraloría, junto a organizaciones de pescadores artesanales, para que revise la medida implementada por el subsecretario. Porque además es una resolución que le ordena al Servicio Nacional de Pesca que implemente eso, pero lo hace en base a una cuestión que no tiene fundamento legal. Falta la implementación por parte del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), pero la resolución está y nosotros consideramos que eso vulnera las normas actuales de la ley.

El objetivo es que la Contraloría pueda dar una opinión sobre el respaldo que tiene esta medida. Si se quiere hacer -y esto no tiene respaldo legal-, tiene que hacerse por medio de la ley, porque si no genera un precedente a futuro que es muy complicado, porque cualquier autoridad futura, entonces, podría abrir los registros e incrementar la capacidad de pesca sin límite.

(...) El artículo 50 está bien, lo que pasa es que lo están implementando mal. El artículo 50 protege a las pesquerías, lo que pasa es que están aduciendo ese artículo, vulnerándolo. Por eso que nosotros les decimos que esta resolución que se dictó vulnera la ley, porque se aduce un artículo, pero no se está respetando ese artículo.

Dado que el actual gobierno va de salida, ¿esperan que la futura administración de José Antonio Kast impulse la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero?

-Lo que esperamos es que primero se restablezca la seguridad jurídica, eso es lo más importante. O sea, que haya certidumbre, porque hoy día, como están las cosas, no hay certidumbre con la Ley de Fraccionamiento y con lo que quiere hacer el gobierno con la nueva ley de pesca que está discutiendo. No hay certidumbre, porque se están cambiando las reglas de juego.

Segundo, que los cambios que se hagan se funden en antecedentes técnicos y científicos. Obviamente, hay que hacer cambios y mejoras porque nada es perfecto, pero tenemos una buena legislación que ha mejorado el estado de la pesquería, pero los cambios tienen que fundarse en aspectos técnicos.

Tercero, que la mirada del sector no puede ser una mirada parcial. El gobierno debe velar por el bien común de todos los actores, y en este caso en particular, si uno tiene una mirada más parcial de unos contra otros -y está a favor de unos en contra de otros-, al final los va a terminar afectando a todos.

En la pesca, si hay buenas condiciones científicas y todo se hace con buen fundamento científico, y mejoran las pesquerías, todo se favorece. Entonces es muy importante esa mirada. y es esperanzador cuando el nuevo presidente electo dice “yo voy a ser presidente de todos y voy a tener una relación con todos”. Eso en la pesca sería muy importante: que uno vea que las autoridades están mirando al conjunto y no a una parte más privilegiada que a la otra.