Las microempresas conforman el grupo más afectado por la morosidad, en un contexto que afecta de manera crítica a las pymes del país, según revela un reciente estudio de CobranzaOnline.com.

El monto promedio adeudado por factura morosa, en tanto, asciende a $5.090.962, “lo que presenta un peso significativo para los negocios de menor tamaño”, alertan desde la firma.

Los datos muestran que el 11,6% de las deudas registradas por este segmento tienen menos de seis meses de antigüedad, mientras que un 45% supera los dos años sin pago.

“El riesgo de no recuperar aumenta considerablemente con el tiempo. Una factura impaga con más de 24 meses de mora tiene pocas probabilidades de ser cobrada”, advierte la cofundadora de CobranzaOnline y experta en estrategias de cobranza, Belén Sanguinetti.

“Por eso es fundamental actuar a los 30 días desde el vencimiento. En esa ventana, las probabilidades de recupero alcanzan un 64%”, agrega.

Desde CobranzaOnline señalan que esta situación puede consolidar la “incobrabilidad” como un fenómeno estructural en las partes más vulnerables, y no solo una demora en los ciclos de cobro.

La firma indica que este análisis se basó en las facturas difundidas en los boletines de morosidad.

Microempresas

El análisis revela que las microempresas son el grupo más afectado, concentrando el 43% de los deudores registrados.

En cuanto a los montos, el promedio por factura impaga en este segmento alcanza los $1,65 millones, con un tiempo de mora de 2 años.

A esto se suma que el 54,5% de las facturas impagas de microempresas presentan una mora superior a dos años, y una gran parte de esa deuda llega a considerarse “incobrable”, precisan.

Una realidad completamente distinta enfrentan las grandes empresas, que deben en promedio $20,4 millones por factura -casi 10 veces más que una microempresa-, aunque con un tiempo de mora menor: 1,2 años.

Desde la firma de cobranza destacan que “estos datos reafirman la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan a las pymes actuar con mayor agilidad frente al impago, reducir su exposición a deudas incobrables y proteger su flujo de caja”.

Además, señalan que, “aunque la Ley de Pago a 30 Días fue creada precisamente para asegurar plazos razonables en la liquidación de facturas, su implementación ha mostrado serias falencias”.

“Se requieren políticas públicas y soluciones privadas que no solo mejoren la cobranza, sino que fomenten una cultura empresarial más responsable y transparente en el cumplimiento de pagos”, dice Sanguinetti.