Dos fueron los proyectos de ley relacionados con el mercado del trabajo y el empleo que comprometió el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública que entregó ante el Congreso Nacional el domingo pasado. Uno es la iniciativa de negociación ramal o multinivel, que busca ampliar la negociación colectiva más allá de la empresa. Esa iniciativa debería ser ingresada en septiembre de este año.

El otro anuncio laboral fue detallado por el propio Presidente el domingo: “Se enviará a este Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para poder incentivar justamente la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo. Porque para alcanzar el pleno empleo no hay receta mágica ni atajos”, indicó en su discurso el mandatario.

Esta propuesta es bien recibida por los economistas que siguen los temas de empleo, ya que hace bastante tiempo atrás se viene señalando que el actual esquema de subsidios no estaba cumpliendo los objetivos de incentivar la contratación y, por lo demás, el costo fiscal era elevado.

Actualmente son dos los subsidios más relevantes en materia laboral, el Subsidio Empleo Joven (SEJ) y el subsidio Empleo para la Mujer (BTM, por Bono Trabajo Mujer), cuyo propósito es fomentar la participación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años y mujeres entre 25 y 59 años, que se encuentran dentro del 40% más vulnerable, respectivamente.

El presupuesto de ambos para este año llega a los $181 mil millones, equivalente al 83% del total de recursos destinados a programas de empleo.

Sin embargo, de acuerdo a un análisis que hizo Libertad y Desarrollo, “los datos muestran que la participación laboral en mujeres pertenecientes al grupo objetivo no ha mejorado. Según datos de la Casen para los años 2013 y 2022, la tasa de participación de las mujeres que son parte de los cuatro primeros deciles ha aumentado solo 2,3 puntos porcentuales (34,5% vs 36,8%), lo que puede explicarse más bien por otras causas, como un mayor acceso a cuidado infantil y educación preescolar”.

Ingrid Jones, economista de LyD, afirmó que “hay que esperar el ingreso del proyecto de ley para evaluar cuales son las modificaciones que se proponen, pero uno esperaría que los cambios fuesen sustanciales por cuanto ambos programas involucran una cantidad importante de recursos fiscales anualmente a través de la ley de presupuestos, pero no tienen efectos sustanciales en la empleabilidad de sus beneficiarios”.

Ese es precisamente el mismo diagnóstico que tiene el gobierno para impulsar esta modificación. De acuerdo a conocedores del trabajo interno del Ejecutivo, la propuesta considera fusionar los subsidios que hay en la actualidad, entre ellos el subsidio al empleo joven, bono al trabajo de la mujer y subsidio previsional para trabajadores jóvenes, con el objetivo de “modernizar la actual estructura, fomentar la contratación y reducir la informalidad en el país”.

La iniciativa busca la unificación del subsidio al empleo joven (SEJ), el bono al trabajo de la mujer (BTM) y subsidio previsional para trabajadores jóvenes a través de una ventanilla única de subsidios que tendrá como característica principal hacer las evaluaciones de los requisitos de manera más “ágil y flexible” eliminando la burocracia que se produce al postular.

De esa manera se espera lograr una mayor contratación de mujeres y jóvenes. Asimismo, se evalúa entregar bonificaciones tanto a empleadores y trabajadores de manera directa.

La aprobación de los expertos

Los expertos laborales apoyan el anuncia y esperan que se pueda concretar pronto, considerando que en el trimestre febrero-abril la tasa de desempleo volvió a subir después de 14 meses y se ubica en 8,8%. Además se crearon solo 20 mil nuevos puestos de trabajo.

Uno de ellos es el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, quien afirma que “es muy valioso y muy necesario el anuncio de unificar y optimizar los múltiples subsidios que existen en la actualidad, para evitar duplicidades, reducir la complejidad del sistema, facilitar su administración y ejecución”.

Además, plantea que “es crucial que se revisen los montos y su reajustabilidad, de modo de evitar que con el paso del tiempo estos instrumentos pierdan eficacia”.

Para Bravo, un esquema para lograr estos objetivos es precisamente el de una ventanilla única de subsidios “en donde los beneficiarios no tengan que autoseleccionarse ni tengan que realizar por su cuenta evaluaciones respecto a cuál de los subsidios optar, pero que cuente con distintas líneas para abordar a los grupos prioritarios que enfrentan dificultades a la empleabilidad”.

Para el economista no basta solo con incluir subsidios para mujeres y jóvenes, sino que también se debe incluir dentro de los grupos considerados como prioritarios “a las personas de mayor edad, ya que este segmento etario enfrenta importantes dificultades para lograr la empleabilidad, esto porque en Chile existen muy pocas iniciativas enfocadas específicamente en la empleabilidad de este segmento etario y de muy baja cobertura”.

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC, puntualiza que “el proyecto de ley que busca unificar los subsidios al empleo para mujeres y jóvenes debería centrarse en simplificar los procesos administrativos asociados a la postulación, con el objetivo de hacer más accesible y eficiente el sistema actual de beneficios”.

Para ello, plantea como fundamental “reducir la burocracia y facilitar el acceso tanto para trabajadores como para empleadores. Asimismo, el proyecto debe incluir mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir su efectividad en el incentivo a la contratación formal de estos grupos”.

Para Jones, la iniciativa debe mantener “la focalización en personas de bajos ingresos pero apuntar a que el trabajador permanezca en el mercado formal, vinculando al trabajador con el mundo de la capacitación permanente”.

Aunque esta propuesta es una prioridad en la agenda laboral y tiene consenso entre los expertos, todavía no tiene fecha de ingreso a su discusión legislativa.