La candidata presidencial del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, presentó hace unos días la última versión de su programa de gobierno. Y si bien en los temas económicos mantuvo los ejes centrales, en lo relacionado con políticas de empleo y regulación laboral junto con enfatizar algunas propuestas, sumo otras.

Una de estas últimas es una medida que busca limitar la subcontratación en el mercado del trabajo. “Se establece que actualizará la normativa para limitar el subcontrato en funciones del núcleo de la actividad de la empresa, como se practica hoy en la mayoría de las empresas del país”, señala el programa de Jara.

La subcontratación es un tipo de empleo utilizado por las organizaciones para delegar en terceros ciertos procesos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades, pero que usualmente no forman parte de las tareas fundamentales de su giro directo. Así, en la subcontratación laboral no coincide la unidad económica para la que se trabaja, con la unidad económica con la que se tiene el acuerdo de trabajo.

Dada esta propuesta de la abanderada oficialista que está ya sobre la mesa, una pregunta esencial es cuántos trabajadores se encuentran hoy en Chile bajo esta condición.

El OCEC-UDP realizó una caracterización al respecto y estableció que en el trimestre junio-agosto hay 1.071.128 trabajadores asalariados tercerizados -o subcontratados-, mientras que 5.840.185 empleados asalariados estaban contratados o tenían un acuerdo de trabajo directamente con la empresa en donde laboran. De acuerdo a ello entonces, 15,5% de los asalariados está en alguna modalidad de tercerización.

Dentro del segmento de asalariados subcontratados, la modalidad mayoritaria corresponde a la de contratista o subcontratista, con 701.587 trabajadores. Le sigue la de trabajadores en empresas suministradoras de trabajadores con 340.843, y finalmente 28.698 cuyo vínculo laboral es con un enganchador.

Si se desglosa la utilización del formato de tercerización entre el segmento de asalariados del sector privado, versus los asalariados del sector público, se observa que la prevalencia de la tercerización es más alta en el sector público, donde el 21,2% de los asalariados está en esta modalidad, mayor al 14,3%registrado entre los asalariados del sector privado.

Entre los asalariados privados, el informe describe que los datos dan cuenta de que la prevalencia de la tercerización es altamente heterogénea entre las distintas ramas de actividad económica. En primer lugar y por lejos, la rama en la cual más se utiliza la tercerización es la minería, donde el 55,8% de los asalariados trabaja bajo esta modalidad. Otras ramas con una alta prevalencia de trabajadores tercerizados en comparación al promedio nacional son suministro de electricidad y gas, (33,3%); Salud (27%); y enseñanza (23,8%).

En la otra vereda, entre los sectores con menor cantidad de trabajadores subcontratados están alojamiento y servicios de comidas (2,5%); actividades profesionales, científicas y técnicas (3,2%), y actividades financieras y de seguros (6,6%).

Juan Bravo, director del OCEC-UDP, explica que dentro del sector público “el fenómeno se debe en parte importante a que la Administración Pública suministra trabajadores para otras ramas como enseñanza y salud. Por ejemplo, las municipalidades suministran trabajadores a enseñanza y salud a través de las corporaciones municipales”.

Otra característica que tienen los trabajadores subcontratados es que poseen una menor calificación en comparación con los no subcontratados.

De esta forma, en los trabajadores subcontratados un 32,4% tiene alta calificación, 41,9% tiene mediana calificación y un 25,7% tiene baja calificación.

Bravo señala que “una de las críticas que hacen los detractores de la tercerización es que esta modalidad laboral desincentivaría la sindicalización”. Sin embargo, afirma que “las cifras no avalan estas afirmaciones”.

De hecho, según el informe, en el trimestre junio-agosto los datos muestran que el 24,6% de los asalariados tercerizados es miembro de un sindicato o asociación de funcionarios, superando el 18,7% observado entre los asalariados no tercerizados. En el caso de los asalariados tercerizados del sector privado la cifra es de 21% y en el caso de los asalariados tercerizados del sector público la membresía en estas organizaciones de trabajadores se empina hasta el 36,6%.

Subcontratados pierden terreno

Otra cifra que se desprende del análisis es que los trabajadores subcontratados han ido perdiendo terreno en cuanto a la creación de empleo y a su representación en el total de asalariados.

Así, en el trimestre junio-agosto la creación anual de empleo asalariado no subcontratado fue de 148.888, mientras entre los subcontratados hubo una destrucción anual de 17.192 empleos.

“Esta pérdida de terreno de la subcontratación no es reciente, sino que más bien se observa una tendencia paulatina hacia una menor participación de este formato dentro del empleo asalariado en los últimos seis años”, dice Bravo.

En ese sentido, los antecedentes muestran que en el trimestre enero-marzo de 2010, el 11,5% de los asalariados estaba bajo el esquema de subcontratación, cifra que alcanzó un peak de 18% en dos ocasiones: en el trimestre junio-agosto de 2014 y en el trimestre junio-agosto de 2019. Con posterioridad a la pandemia esta proporción se ha reducido paulatinamente, ubicándose en 15,5% en el trimestre junio-agosto de este año.