Aunque durante las últimas décadas nuestro país ha registrado importantes avances en la conservación de sus espacios marinos -actualmente Chile protege el 43% de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) como área marina protegida y promueve las áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar- todavía tenemos una gran deuda con la protección de los ecosistemas marino costeros, donde precisamente se originan muchas de las presiones y estresores que enfrenta el océano.

Se trata de un tema de vital importancia para un país como Chile, que pese a contar con más de 6 mil kilómetros de costa, todavía no cuenta con una política pública efectiva que pueda garantizar la protección integral de su zona costera, afectada por fenómenos como la creciente urbanización sobre ecosistemas críticos, la contaminación que se deriva de las actividades humanas y productivas, y por las amenazas derivadas del cambio climático global, como el incremento en las marejadas y el aumento del nivel del mar.

Debemos considerar que las principales fuentes de contaminación, la pérdida de hábitats críticos y la sobreexplotación de recursos, derivan de nuestras actividades en la costa: desde la extracción de áridos que despojan de arena a nuestras playas, hasta la intervención de cauces que depositan contaminantes en el mar, pasando por el manejo de residuos, el crecimiento urbano descontrolado y la ausencia de regulación para actividades económicas que alteran los ecosistemas costeros.

Si bien contamos con la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley 21.368), por lo que sabemos, los microplásticos ya están asentados en playas, sistemas estuarinos y también en el océano costero.

Este problema también se explica por la dependencia que tenemos de las cuencas hidrográficas: a través de las plumas de los ríos que desembocan en el mar, se diseminan nutrientes en exceso, contaminantes y microplástico.

No tenemos hasta ahora una evaluación a nivel nacional sobre microplásticos en litorales arenosos, por ejemplo, ni tampoco sabemos cómo están afectando la alimentación de la población de nuestro país a través del consumo de peces o productos del mar.

Y a pesar de que Chile ha suscrito importantes acuerdos internacionales -como los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 14 de la ONU que consideran la conservación de ecosistemas marinos y costeros-, y hoy aspira a que Valparaíso pueda ser la secretaría técnica del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), seguimos sin contar con una política pública específica para la costa.

Durante nuestros trabajos de investigación con las comunidades costeras, vemos con preocupación cómo muchas veces son estas mismas comunidades las que cumplen un rol de vigilancia, protección y denuncia, que debería ser garantizado por el Estado.

Frente a este escenario, urge contar con una Ley de Costas que pueda garantizar principios claros de ordenamiento territorial, participación ciudadana, protección ambiental y justicia ecológica, un cuerpo legal que sea capaz de conducir a transformaciones sostenibles y a una sociedad más justa.

*Doctora en geografía, académica del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro UC Observatorio de la Costa e investigadora del Instituto Milenio SECOS.