El estudio, que reúne 1.621 casos de personas mayores de 18 años de los niveles socioeconómicos ABCD de todo el país, muestra que más de la mitad de los encuestados (56%) estaría dispuesto a comprar un vehículo eléctrico (EV) o híbrido (HEV) en el futuro, principalmente debido a un mayor ahorro en combustible a largo plazo (49%), seguido de una preocupación por el medio ambiente (29%). Por otro lado, un 21% señala que no lo haría.

Estos datos, según Miguel Zlosilo, director metodológico de Descifra, reflejan una deseabilidad social al respecto. Más en detalle, explica que “dicha disposición aumenta en la Región Metropolitana, probablemente asociada al mayor consumo de combustible que se da en la capital”.

Entre quienes no considerarían la compra de estos vehículos, las razones son la falta de infraestructura de carga (20%), la autonomía limitada (19%), el alto precio del vehículo (18%) y las dudas sobre la duración o costo de reemplazo de la batería (17%).

Zlosilo indica que “en el caso de la clase ABC1 aumenta la percepción de que no existen suficientes puntos de carga (49%), pero disminuye la aprehensión sobre la falta de autonomía (1%). En el caso del segmento más bajo, la principal barrera de entrada es el precio (26%)”.

Incentivos

Para el profesor de Ingeniería Eléctrica UC, Javier Pereda, el avance de la electromovilidad particular depende de una combinación de medidas estatales, regulatorias y del sector privado. “Una alternativa sería endurecer gradualmente las regulaciones sobre los vehículos a combustión, aplicando impuestos por emisiones o restricciones de circulación”. Si bien admite que la idea puede ser impopular, asegura que “sería coherente con el principio de internalización de externalidades negativas y aceleraría la paridad económica entre ambos tipos de vehículos”.

Pereda menciona esfuerzos importantes para el desarrollo de la industria por parte del Estado, como la exención del permiso de circulación durante los primeros años de uso y la Ley de Eficiencia Energética, y propone además que “podría sumar incentivos que no contemplan subsidios, tales como acceso a vías exclusivas, estacionamientos preferenciales, reducción de peajes o beneficios tributarios a empresas que electrifiquen sus flotas”.

Plantea también que la modernización del sistema eléctrico, especialmente en su red de distribución, “permitiría tarifas flexibles, redes inteligentes y sistemas de almacenamiento o vehicle-to-grid –describe un sistema en el cual la energía puede ser vendida a la red eléctrica por el conductor de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable–, haciendo más atractivo el uso de autos eléctricos particulares”.

El académico apunta también al rol del sector privado: “La industria automotriz puede desempeñar un rol clave en la reducción de la incertidumbre del consumidor mediante campañas informativas más transparentes y técnicas, apoyadas por instituciones independientes, que deberían abordar temas como la autonomía real, la disponibilidad de cargadores, los costos de mantención, las garantías de batería y los beneficios económicos a largo plazo”, concluye.