Entre 2015 y 2020, un policía salvadoreño asesinó a 97 personas, como miembro de un “grupo de exterminio” que ejecutaba a personas que consideraban pandilleros, según reveló una investigación del diario salvadoreño El Faro.

En su confesión, a la que tuvo acceso el medio citado, el policía dijo que del total de asesinatos, 36 habrían sido presuntamente pagados por Salvador Menéndez, alcalde del municipio La Paz Oeste, quien está en el cargo desde 2012 y es miembro del partido GANA, con el que Nayib Bukele se convirtió en presidente de El Salvador.

Menéndez suele presumir su cercanía con el mandatario en las redes sociales. Dice que es su “amigo y aliado”. Y pese a que está involucrado en el juicio que investiga los asesinatos —entre las víctimas hay menores de edad, un sacerdote y empresarios— no existe una orden de captura en su contra.

Esto es lo que se sabe sobre la confesión del policía salvadoreño, y su presunto vínculo con el alcalde Salvador Menéndez.

El relato de esta nota periodística puede contener detalles sensibles.

La confesión del policía salvadoreño por los asesinatos a “pandilleros”

Según explicaron desde El Faro, el policía salvadoreño que confesó los asesinatos fue detenido en agosto de 2020. Lo habían acusado —con otros tres policías— de la desaparición y asesinato de dos jóvenes en 2017.

Fue en ese momento que el policía, un exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), quiso colaborar y pasó a ser un testigo, protegido con el nombre “Horus”.

Según reveló entonces Horus, en febrero de 2016, el alcalde Salvador Menéndez reunió a policías de confianza en su despacho y les habría dicho que quería llamar la atención de los medios de comunicación. “Para ello, debían encontrar a unos pandilleros, decapitarlos y dejar sus cabezas en la entrada del pueblo”, escribieron en El Faro.

“El patrón había pedido que se realizara una escena que fuera relevante y llamara la atención de los medios de comunicación y había pedido que se dejaran unas cabezas en la entrada del municipio de San Luis Talpa”, habría dicho el testigo.

Les habría pagado 27.500 dólares (cerca a 26 millones de pesos chilenos) por cometer los delitos.

El medio salvadoreño pudo acceder a la confesión —de 220 páginas— después de una filtración masiva de correos electrónicos de la policía, más conocida como Guacamaya Leaks.

En ella, no solo se menciona al alcalde Menéndez como “el patrón” y el actor intelectual de una decena de asesinatos. También habría facilitado armas ilegales o el alquiler de vehículos con fondos municipales para que los policías pudieran perpetrar los homicidios.

El 28 de octubre de 2025, el mismo medio llamó a la autoridad para consultar su versión de los hechos. En ella, Menéndez dijo que la declaración de Horus es “una locura” y que el policía es “un criteriado que se quiere hacer el interesante”.

Cuando le mencionan que Horus lo acusó de haber ordenado y financiado 36 asesinatos, el alcalde responde: “¡No, no, no! ¿Cómo va a creer que va a suceder eso? Eso es imposible. Eso es una locura. Está fuera de criterio el testigo criteriado, je, je, je. Ahí sí yo no siento problema por eso”.

Quiénes fueron las víctimas del policía salvadoreño

De acuerdo a Horus, después de la orden del alcalde, él y el “grupo de exterminio” decapitaron a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), conocidos como “Blazer” y “Burro”. Ambos tenían 20 años de edad.

La escena fue viral en los medios de comunicación, y según la confesión del policía, Menéndez les habría felicitado por la puesta en escena. “Los felicito hijos. Excelente trabajo. Eso era lo que quería”, habría dicho.

La razón detrás de estas peticiones de parte del edil, de acuerdo a la confesión de Horus, habría sido posicionar su municipio como uno de los más violentos, para obtener más recursos del gobierno.

Y el modus operandi, según el relato, era el mismo en todos los casos: identificaban a la víctima, se dirigían a su ubicación y fingían un operativo policial. Después lo asesinaban y cobraban su recompensa, no solo del alcalde, sino en algunos casos de “empresarios locales y azucareros de la zona”.

Entre las víctimas, hay menores de edad, empresarios y, uno de los casos más emblemáticos, el sacerdote Ricardo Antonio Cortez, rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero.

Su asesinato ocurrió el 7 de agosto en 2020, después de que un narcotraficante de la zona, conocido como “Chepón”, le pagara al “grupo de exterminio”.

Cuando el religioso se dirigía en su auto hacia el seminario cuando fue detenido por los policías uniformados. Le pidieron que se bajara del vehículo y, tras identificarlo, le dispararon en la cabeza.

El gobierno de El Salvador y las autoridades del país no han emitido declaraciones sobre el reportaje hasta ahora.