SEÑOR DIRECTOR:

Las fundaciones son un actor central en la provisión de bienestar social en Chile: sus iniciativas benefician a más de 3,6 millones de compatriotas al año. El aporte estatal a estas labores, cabe recordarlo, jamás cubre el costo total de los programas; el resto lo financian las propias fundaciones a través de gestión privada de recursos.

Por ello, resulta preocupante que la reciente cobertura de prensa sobre la auditoría del Estado —que habría detectado más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición— se instale en el debate público sin matices. Una revisión del informe elaborado por el Comité Estratégico de Auditoría revela limitaciones importantes: la información en que se basa es parcial, no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos, y no da cuenta de un ejercicio mínimo de consistencia entre las distintas fuentes contables que maneja el propio Estado. A esto se suma un uso impreciso —cuando no confuso— de los conceptos técnicos empleados.

La Encuesta a Directores de Fundaciones 2025, realizada por la iniciativa “Sociedad en Acción”, entrega otra mirada sobre esta relación: un 50% de las fundaciones señala no haber recibido respuesta a sus rendiciones dentro de los plazos contractuales, un 40% ha debido volver a rendir cuentas ya aprobadas con anterioridad, y otro 40% —el dato más preocupante— ha optado por no postular a licitaciones o convocatorias estatales en las que antes participaba con regularidad.

Nadie discute la legitimidad del escrutinio sobre el uso de recursos públicos; por el contrario, es indispensable. Pero ese escrutinio debe hacerse con rigor y comprendiendo cómo opera en la práctica la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Un informe como el difundido, lejos de fortalecer esa relación, solo abona a la desconfianza y desincentiva la disposición a colaborar por el bien público.

Ignacio Irarrázaval

Centro de Políticas Públicas UC