SEÑOR DIRECTOR:

Valoro que el Presidente haya anunciado una agenda de más de 30 iniciativas contra el crimen organizado y que buena parte de ellas —las ya en trámite y las nuevas— sean debatidas en el Congreso. La gravedad del fenómeno delictivo, y en particular la consolidación de estructuras de crimen organizado en Chile, justifica ese esfuerzo legislativo.

Dicho eso, tengo reparos. No veo la necesidad de una reforma constitucional que consagre la seguridad como deber del Estado. Nuestra Carta ya contiene, en diversas disposiciones, referencias a ese deber; una norma declarativa adicional difícilmente marcará un antes y un después. Se trata, me temo, de una propuesta más simbólica que eficaz.

Echo en falta, además, medidas concretas de prevención: inversión temprana dirigida a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que son quienes están más expuestos a iniciar carreras delictivas. Sin ese componente preventivo, el énfasis persecutorio queda incompleto.

Me parece también un error no haber incluido, con urgencia, la tramitación del proyecto de inteligencia financiera ya avanzado en el Congreso, en particular la posibilidad de levantar el secreto bancario en sede administrativa para investigar al crimen organizado. Es una herramienta que países con mayor desarrollo institucional en esta materia ya utilizan, y que hoy resulta indispensable.

Por último, creo que el gobierno debiera buscar un acuerdo transversal para la tramitación de esta agenda, similar al acuerdo Tohá-Coloma que hace algunos años permitió despachar normas de real utilidad. La seguridad pública exige continuidad de Estado, no disputas de coyuntura.

Jorge Burgos Varela