Las últimas cifras en materia de desempleo -correspondientes al trimestre abril-junio- siguen siendo muy preocupantes, pues la tasa de desocupación se mantuvo en 9,4%, lo que equivale a unas 980 mil personas desempleadas, fenómeno que golpea especialmente a los más jóvenes y las mujeres, con tasas de desocupación de más de dos dígitos. Son ya 42 meses en que el país lleva tasas de desempleo superiores al 8%, lo que permite pensar que estamos frente a un fenómeno de orden estructural, lo que hace indispensable preguntarse por las razones de ello.

Un primer factor tiene que ver con la baja tasa de crecimiento que arrastra el país desde hace por lo menos una década, ante lo que resulta inevitable que las oportunidades de encontrar empleo se hayan reducido. Pero hay también otra dimensión que amerita ser examinada con especial detalle, relacionada con el fuerte incremento que han experimentado los costos laborales en Chile, lo que a juicio de una serie de expertos también tienen directa relación con el deterioro del mercado laboral. Una nota publicada por este medio recogió las conclusiones de un informe elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la UDP, el cual entrega una serie de cifras que resultan útiles para efectos de este debate.

El análisis considera la evolución del costo salarial por hora para un trabajador afecto al salario mínimo en la última década, asociado a tres medidas de la agenda regulatoria laboral: el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada ordinaria y la cotización adicional de la reforma previsional. Así, al observar el período que va de enero de 2016 a junio de 2026, el salario mínimo en términos reales acumula un incremento de 40,4%. Sin embargo, al considerar además la reducción de la jornada ordinaria y el alza de la tasa de cotización previsional, el alza acumulada llega al 50,8%. Una de las conclusiones es que en el caso de aquellos segmentos que ganan el salario mínimo, el alza de la tasa de cotización y la reducción de la jornada ordinaria tienen un mayor potencial de generar un efecto pernicioso sobre el empleo formal, pues implicaría un alza de costos laborales no asociado a mayor productividad laboral, que no puede ajustarse en el mediano plazo vía menores salarios líquidos.

Hay cuando menos dos reflexiones que pueden extraerse a partir de estos resultados. Desde luego, aun cuando la reducción de la jornada, el aumento del salario mínimo y la cotización adicional para pensiones pueden haberse presentado como grandes conquistas sociales, se obviaron por completo los efectos que ello tendría sobre el mercado laboral. Estos fueron advertidos en su momento, pero la clase política optó por ignorarlos, cosechando los beneficios pero desentendiéndose de sus implicancias. Es un recordatorio de que las reformas tienen costos asociados y la política no solo debe transparentarlos, sino asumir los límites que ello impone en materia de políticas públicas.

También cabe asumir que a nivel global se está experimentado un escenario completamente nuevo en materia laboral, con el advenimiento de tecnologías como la inteligencia artificial. Es evidente que nuestra legislación laboral responde esencialmente a una realidad que está siendo superada, y en la medida que no se adapte oportunamente el costo lo pagarán sobre todo los trabajadores menos calificados.