“La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción, sino la simplicidad”, plantea Daniel Innerarity al iniciar su libro Una teoría de la democracia compleja (2020). Este peligro se intensifica en la política de dos modos: con la incomprensión de las transformaciones de la sociedad y con una mirada reducida y cortoplacista de las soluciones. La cuestión es cómo las instituciones y las políticas públicas enfrentan, a nivel global, nuevos fenómenos, renovando sus diagnósticos, políticas e instrumentos.

Uno de esos desafíos que apremia enfrentar es la transición demográfica y, con ella, la llamada “crisis de los cuidados”. En Latinoamérica, cuidar de los cercanos es reconocido como una de las cosas más significativas en la vida (LEAS-UAI), pero también de las más difíciles cuando no hay recursos de apoyo. Históricamente, esta labor ha sido invisible y no reconocida por las políticas públicas. El cuidado de niños y niñas, de personas mayores y con discapacidad ha sido relegado a lo doméstico y naturalizado como propio de las mujeres, aun cuando representa un 19,2% del PIB ampliado (ComunidadMujer, 2025).

La multiplicidad de roles de las mujeres, la baja en la tasa de fecundidad, las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional incrementan la demanda de cuidados y reducen las personas disponibles para brindarlos (Cepal, 2022). Chile enfrenta así una crisis que impacta no solo la autonomía económica de las mujeres, sino también el bienestar de quienes reciben apoyo y quienes lo brindan.

Enfrentarla requiere un cambio de enfoque. No se puede partir de un diagnóstico simplista —asumiendo que el cuidado es asunto solo de las familias y las mujeres—, sino que exige una respuesta institucional eficaz, con evidencia, coordinada y territorial. Como plantea la revista Dædalus de la Universidad de Stanford, se necesita una mirada conjunta e interdisciplinaria para conformar la infraestructura del cuidado —leyes, instituciones, organizaciones y financiamiento—. Una sociedad que cuida se sostiene en una red que, siguiendo el “diamante” de la corresponsabilidad, debe incluir al Estado, el sector privado, la comunidad y la familia (Fernández et al., 2025).

Hay avances institucionales en Chile, aunque falta profundizarlos. Antes de que se formara la Comisión asesora del Plan Renace, a principios de año se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), que reconoce el derecho al cuidado en tres dimensiones -a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado— y supone redistribuir las tareas entre Estado, familias, comunidad y sector privado. El desafío del gobierno actual es que este marco no quede en lo declarativo: deberá, entre otros aspectos, resolver la gobernanza intersectorial, dictar reglamentos, focalizar y mejorar la oferta de programas vigentes -especialmente en regiones-, asegurar financiamiento sostenido y evitar que se siga reproduciendo la feminización de los cuidados. La voluntad que despliegue será, de paso, una señal de si asume éste realmente como un problema complejo, que exige una política de Estado continua.

Por Magdalena Browne, Decana Escuela de Comunicaciones UAI y presidenta de ComunidadMujer