Cuando creíamos que lo habíamos visto todo; cuando parecía que el país alcanzaba un cierto consenso sobre los costos materiales y simbólicos de la violencia; cuando, en fin, las elecciones del año pasado nos mostraban la importancia de cuidar la democracia (hasta a la candidata Jeannette Jara se le podía oír defendiendo la labor de Carabineros), aparece Jaime Bassa en el papel del eterno revolucionario.

En una entrevista reciente, Bassa dejó frases como esta: “El estallido social sigue vigente, sigue vivo. No lo vemos en las calles, pero lo vemos en cada familia, en cada mesa, donde se conversa amargamente de lo difícil que es llegar a fin de mes”. Otra: “Hablar de Plaza Dignidad no es hablar de la plaza, es hablar de la dignidad del pueblo. Y el pueblo tiene derecho a reivindicar su dignidad”.

Bassa, por supuesto, puede decir lo que quiera: aunque él crea lo contrario, la democracia chilena da cabida a las voces más estridentes, incluso bajo gobiernos de “ultraderecha”, como se dice ahora en los círculos de izquierda. Más cuestionables son las premisas conceptuales de sus respuestas.

Por de pronto, ¿qué es esto de que el estallido social está vigente en cada familia? ¿Se refiere a la violencia subsecuente, a la precariedad que enfrentaron miles de familias afectadas por la primera línea, al 62% del Rechazo, a la histórica demanda por orden que cruza al país de norte a sur? Llegar a fin de mes es sin duda una urgencia nacional; bastante menos obvio es que el estallido haya mejorado la vida de las clases medias y populares.

Por otro lado, es evidente y justo que el pueblo quiera dignidad. Pero de ahí a que un sector se apropie no solo de la definición de la palabra “pueblo”, sino también del significado de la dignidad, hay un mundo de diferencia. Salvo, claro, que Bassa quiera erigirse en una suerte de “tribuno de la plebe”, protector monopólico de los intereses populares. A juzgar por el tono de su entrevista, ese parece ser su objetivo último.

Al cerrar su reflexión sobre el estallido, Bassa remata con una idea para el bronce: “La clave está en que tenemos que darnos cuenta, como país, de que las revueltas históricamente tienen una forma de despliegue de energía que siempre ha sido así. En los 80, contra la dictadura; la revolución de la chaucha en la década del 50; las movilizaciones obreras de los trabajadores del salitre. Eso es así. No está bien, no está mal, es. Y uno, como representante, lo tiene que entender”.

¿Entender qué exactamente? ¿Que la violencia es un método de acción política? ¿Que al gobierno de Sebastián Piñera había que considerarlo y combatirlo como a una dictadura? Nadie medianamente serio podría decir algo semejante. De hecho, sugerirlo siquiera es una ofensa contra los que sufrieron en carne propia la persecución y la muerte entre 1973 y 1989. Ser el más radical del curso quizás rinda aplausos en algunos nichos; en un país que todavía paga los costos de octubre de 2019, es simplemente una irresponsabilidad.

Por Juan Luis Ossa, historiador y director ejecutivo del CEP