Pese a que el resultado de la ideología sobre las políticas educativas en nuestro país, ya está a la vista de todos, la izquierda insiste en poner la ideología sobre la evidencia en materia de políticas públicas.

Es así como el gobierno hoy promueve el proyecto de ley de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que de acuerdo al mensaje enviado al Congreso, tiene como objetivo reemplazar el actual sistema de financiamiento de la educación superior, conocido como Crédito con Aval del Estado (CAE), por un nuevo instrumento llamado FES. Pero, como explicaré a continuación, terminará con la autonomía universitaria, bajo el camuflaje de una ley que acaba con el CAE y destruyendo la calidad de las distinguidas universidades.

Antes de la aprobación de la reforma educacional de 2015, el sistema se caracterizaba por ser el mejor de Latinoamérica, en términos de cobertura (en educación terciaria ya se habían alcanzado los niveles OECD y en educación media tenía la mayor cobertura de la región), de calidad (alcanzando los mejores puntajes PISA junto a Uruguay) y en equidad, donde se tenía las menores de desigualdad educativa de la región.

La reforma de Bachelet, que tenía como objetivo disminuir la segregación escolar y mejorar la equidad, terminando con el lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales que recibían recursos o aportes del Estado (incluyendo los subvencionados y liceos emblemáticos) - tal como el ministro Eyzaguirre dijo-, bajó de los patines a los alumnos de la educación pública. En especial a los de los liceos emblemáticos, destruyendo los sueños de obtener una educación que antes le abrió la puerta a la universidad, y con ello a ingresos que sus padres nunca alcanzaron, lo que nos convirtió en uno de los países con mayor movilidad social del mundo.

Como resultado de esta reforma, los estudiantes de los liceos emblemáticos habían perdido el equivalente a más de un año y medio de estudios en matemática y cerca de un año en comprensión lectora. Lo que se tradujo en que, por ejemplo, el Instituto Nacional, que por muchos estuvo entre los mejores resultados en las pruebas de acceso a la universidad, quedó en el lugar 303 en el 2025.

El proyecto de ley FES elimina el CAE, un crédito con garantía estatal, con tasa de interés fija y subsidiada por el Estado - de un 2 % anual-, cuyo pago tiene un período de gracia de hasta 18 meses. La cuota no supera el 10 % de los ingresos y si al cabo de las 180 cuotas no se ha pagado por completo, se extingue, y lo reemplaza por un descuento de 8 % a los ingresos, realizado a través del Servicio de Impuestos Internos y durante 20 años, aunque el costo de los estudios sea mucho menor a lo pagado.

Al igual que la reforma del 2015, se elimina el copago y se fija los aranceles máximos, que solo cubre la duración nominal de la carrera - lo que implica una caída de los ingresos de las universidades-, y fija el número de vacantes.

Este proyecto crea dos tipos de universidades, las particulares, que no se adscriben al FES, que no tienen controlados sus aranceles ni matrículas, con mayores ingresos y un mayor acceso a inversiones. Así, terminan siendo como los colegios particulares, pero donde los estudiantes más vulnerables tendrán muy limitado su acceso, aumentando la segregación socioeconómica del sistema universitario. Las universidades adscritas al FES, cuya única fuente de financiamiento será el Estado, les afectarán los ingresos y con ello, muy probablemente, la calidad, donde el Estado establece las normas y las matrículas, con muy probables efectos negativos en cobertura y la calidad.

La reforma educacional ya destruyó la educación pública, ¿permitiremos que el FES, destruya la educación universitaria?, ¿dejaremos que las universidades Católica y de Chile se transformen en los nuevos Institutos Nacional y el Carmela Carvajal?

*La autora de la columna es académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián