Mucho se ha dicho y escrito sobre el 18-O. De hecho, existe una amplia literatura con diversas interpretaciones sobre el fenómeno. Desde quienes plantean que las causas son eminentemente económicas (menor crecimiento tendencial), pasando por hipótesis de carácter conspirativo (injerencia extranjera) o de orden político-histórico (una revancha del 73), hasta interpretaciones de corte sociológico (los malestares de la modernidad).

Probablemente todas estas explicaciones sean parcialmente ciertas. La crisis fue de tal envergadura que es inverosímil pensar que responda a un solo motivo. Pero la verdad es que falta mucho para entender el 18-O en su real magnitud. No hemos logrado esclarecer cabalmente el origen de los incendios del Metro. No hemos podido ratificar ni descartar una eventual intromisión foránea. No se conocen indagaciones relevantes sobre la logística de la primera línea ni su vinculación con orgánicas radicalizadas. Tampoco hemos logrado consenso alguno sobre las razones más sustantivas de las protestas. Y las investigaciones realizadas han sido o infructuosas (Ministerio Público), o partisanas (Congreso), o intelectualmente interesadas (academia).

Como sea, persisten demasiadas interrogantes. Sin embargo, a siete años de distancia hay cosas que sí es posible constatar:

Primero: El estallido tuvo una innegable dimensión violenta. No solo causó un daño material enorme, sino que reveló nuestra cara más oscura como sociedad, ya que contó con el aval directo o indirecto de buena parte de la élite política, intelectual y académica. Incluso permeó en sectores de la población, como lo muestran las encuestas de la época. Ese es quizás el mayor drama de octubre de 2019.

Segundo: La mayor parte de la izquierda vio en el 18-O la posibilidad de reverdecer viejos sueños redentores, a costa de echar abajo a un gobierno democráticamente electo. Los esfuerzos destituyentes fueron múltiples y la mejor prueba son los votos que pusieron para interrumpir el mandato presidencial. Según las categorías de Levitsky y Ziblatt, en la izquierda hubo antidemócratas, que validaron la violencia o las vías de hecho, pero también hubo demócratas semileales, que toleraron o no rechazaron dichas conductas.

Tercero: El estallido tuvo un componente social difícil de negar. Es simplista pensar que la masividad de las protestas fue fruto de un desvarío temporal o un simple timo. Por lo tanto, lo responsable es hacerse las preguntas incómodas: ¿Por qué un país que se modernizó como ningún otro en América Latina se volcó multitudinariamente a las calles? ¿Y por qué dichas masas hicieron la vista gorda frente al vandalismo y el caos que se desató? Hasta ahora no hemos dado con una respuesta que convenza, pero negar esta dimensión y reducirla únicamente a un asunto de orden público es un atajo que puede pasarnos la cuenta a futuro.

Cuarto: Fue un gravísimo error debilitar a las policías. Si bien hubo fallas importantes en el control del orden público, aquello no justificaba deslegitimarlas ni menos promover su refundación, idea impulsada irresponsablemente por el FA y el PC. Como advirtió el fiscal Héctor Barros, ese debilitamiento tuvo altos costos para nuestra capacidad de enfrentar el crimen organizado.

Quinto: Nuestro horizonte es hoy más incierto. Aun reconociendo avances (sobre todo en pensiones), somos un país menos seguro, que crece menos, genera menos empleo, está más polarizado políticamente y muestra un pesimismo brutal sobre el futuro. Todo esto en medio de un mundo más revuelto, que nos encuentra en una posición más frágil.

Sexto: Es poco lo que se puede rescatar del 18-O. A lo sumo, el incuestionable compromiso de un presidente que, pagando un costo altísimo con los propios, no claudicó en sus convicciones democráticas y evitó un enfrentamiento que pudo ser irreparable. Y eso hoy la ciudadanía lo reconoce.

Por Gonzalo Blumel, Horizontal.