A agosto, la producción minera acumula una caída interanual de 7%, restándole 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de la economía. Si bien hay factores cíclicos, ello no puede hacernos perder de vista los estructurales. En cobre, la producción lleva 20 años estancada, mientras la ley promedio ha caído 45%. Con menores leyes, parte del deterioro productivo es estructural y arriesga acentuarse. Para evitarlo, hay que explorar mucho más para descubrir nuevos yacimientos rentables. Y, por supuesto, explotar más. Sobre lo primero, cabe saludar las iniciativas del gobierno. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo sobre lo segundo: un proyecto del Ejecutivo elimina la patente progresiva por no uso, desincentivando la explotación y contradiciendo el criterio invocado en otras áreas.

Como señalé en otra columna, Chile necesita una política de Estado que multiplique la exploración, especialmente la greenfield: para producir más mañana debemos descubrir buenos yacimientos hoy, más aún cuando exploramos poco. En 2022, bajo el gobierno del presidente Piñera, se introdujeron cambios a las patentes mineras -de exploración y explotación-, alineando mejor los incentivos al uso efectivo de las concesiones. En exploración, junto con elevar la patente, se limitó la mantención de concesiones inactivas a cuatro años. En 2023 se permitió extenderlas por otros cuatro si se acreditaban trabajos y se entregaba información geológica.

Manteniendo esos criterios, el gobierno propone bienvenidas medidas adicionales. Eleva los umbrales de sondajes para ingresar al SEIA y simplifica permisos y exigencias reglamentarias. A su vez, en la Reforma MK4 propone un régimen especial para compañías junior de exploración minera, con un segmento bursátil simplificado e incentivos tributarios, entre ellos un crédito para inversionistas y la imputación de gastos de exploraciones fallidas.

Estas buenas políticas en exploración contrastan con un severo retroceso en explotación: aquí el gobierno busca eliminar la patente creciente por no uso de la reforma de 2022 y volver a una patente baja y plana. La patente progresiva para concesiones de explotación fue recomendada por la CNEP y su lógica económica es clara: incentivar la producción pagando una patente reducida y desincentivar la inactividad con un pago creciente que induzca a liberar la concesión para que otros la trabajen. El criterio se alinea con nuestra Constitución, que señala que “la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento” y que su régimen de amparo debe tender al cumplimiento de esa obligación.

Cerca del 80% del territorio del norte de Chile está cubierto por concesiones mineras y se estima que apenas el 10% se trabaja. Un enorme desperdicio frente al potencial minero de Chile. Eliminar la patente creciente significa preservar el statu quo y perpetuar ese desperdicio: mantener una hectárea sin desarrollar, privando a otros de hacerlo, costaría lo mismo hoy que en treinta años más. Sin un costo creciente por no uso, se debilita el incentivo a liberar concesiones ociosas para que otros las exploten.

Pero hay más. El proyecto incorpora, acertadamente, la exploración como causal de patente reducida en concesiones de explotación. Sin embargo, el incentivo a explorar se maximiza manteniendo la patente progresiva por inactividad, no eliminándola: a mayor costo de mantener ociosa una concesión, mayor el incentivo a explorarla o liberarla para que otro lo haga.

Si el incentivo económico detrás de la patente creciente es evidente, cuesta aún más entender la lógica del gobierno para eliminarla si hace pocos meses, en la Ley de Reconstrucción, defendió y aprobó precisamente una patente creciente por no uso en concesiones acuícolas. ¿La justificación? Correctamente, “incentivar la producción” y generar un “desincentivo a la inactividad”. El criterio tampoco es nuevo: rige desde 2005 para derechos de agua no utilizados y su progresividad fue reforzada en 2022, duplicándose la patente cada cinco años.

A igual razón, igual disposición. ¿Por qué la patente progresiva funciona en salmones y no en cobre? El gráfico muestra la flagrante disparidad de criterio. La patente acuícola por no uso de la Ley de Reconstrucción es altamente progresiva: ya a los 15 años alcanza 19 veces la patente reducida por uso; a los 30, 154 veces, y sigue duplicándose cada cinco años. En concesiones de explotación minera, en cambio, el gobierno propone que el no uso pague una patente plana de apenas 4 veces la reducida, derogando un régimen vigente con un techo de 120 veces y una progresividad bastante menor que la acuícola.

Es fundamental entender que ser promercado y prominería no es lo mismo que preservar el statu quo. Sus resultados son muy distintos. Chile necesita más minería, más inversión y crecimiento. Lamentablemente, la propuesta del gobierno en patentes de explotación es una incomprensible receta para lo contrario. De aprobarse, no nos sorprendamos mañana si nuestra producción minera sigue estancada. O peor aún, si cae.