Paula

Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

Presentada como una política de “decisiones informadas”, la ley que busca obligar a los restaurantes a informar la cantidad de calorías de sus platos y bebestibles instala una lógica conocida: cuando cada elección se reduce a un número “bueno” o “malo”, comer deja de ser un acto cotidiano y se transforma en una evaluación moral. Si realmente queremos avanzar hacia una sociedad más sana, se necesitan políticas públicas que comprendan la complejidad de la alimentación humana.

Cada cierto tiempo reaparece la misma idea, envuelta en buenas intenciones: que mostrar números hará que las personas coman “mejor” y, por lo tanto, estén más sanas. Esta semana, esa lógica volvió al debate público con un proyecto de ley que busca obligar a los restaurantes a informar la cantidad de calorías de cada uno de sus platos y bebestibles.

La propuesta se presenta como una política de “decisiones informadas”. Pero cuando hablamos de alimentación, conviene detenerse un segundo y preguntarse: ¿informadas para quién?, ¿desde qué mirada?, ¿y con qué consecuencias?

Porque no toda información es neutra. Y no toda política pública que parece razonable lo es en la práctica.

Desde la nutrición y la salud mental sabemos que comer no es solo un acto biológico. Nuestra elección alimentaria está atravesada por determinantes biopsicosociales: historia personal, genética, emociones, cultura, vínculos, contexto social, acceso a alimentos, condiciones de vida. Reducir esa complejidad a un número visible en una carta de restaurante no es educación alimentaria; es una simplificación que ignora cómo funciona realmente la relación entre las personas y la comida.

Este tipo de medidas, además, no son nuevas. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia ya implementaron el etiquetado calórico obligatorio en menús. Hoy existe suficiente evidencia para evaluar sus efectos reales.

¿El resultado? Bastante más modesto de lo que promete el discurso político.

Las revisiones sistemáticas muestran que, en promedio, la presencia de calorías en las cartas genera cambios mínimos en la elección de alimentos. Pequeñas diferencias que no se sostienen en el tiempo ni se traducen en mejoras estructurales en la salud de la población. Más números no han significado, en la práctica, más bienestar.

Pero hay algo aún más relevante que este proyecto no menciona y que resulta imposible de ignorar: el impacto que este tipo de políticas tiene sobre la relación con la comida y la salud mental.

La evidencia internacional es clara en un punto clave: el etiquetado calórico en menús puede ser perjudicial para personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) o con una relación conflictiva con la alimentación. Estudios realizados en distintos países muestran que esta medida puede reforzar la restricción, aumentar el conteo compulsivo, generar evitación de restaurantes y profundizar la culpa al comer.

En Reino Unido, tras la implementación de esta política, más de la mitad de las personas con TCA reportaron que ver calorías en las cartas empeoraba sus síntomas. No es un dato menor si consideramos que los TCA son una de las enfermedades de salud mental con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial.

Legislar sobre comida sin considerar este impacto no es una omisión técnica. Es una falta de cuidado.

Además, comer fuera no debería doler. Para muchas personas, ir a un restaurante es un espacio de encuentro, celebración y descanso. Pero cuando cada plato viene acompañado de un número que se interpreta como “bueno” o “malo”, comer deja de ser un acto cotidiano y se transforma en una evaluación moral.

Esto no afecta solo a quienes tienen un diagnóstico formal. Vivimos en una cultura profundamente atravesada por la gordofobia, donde los cuerpos —especialmente los cuerpos grandes— son observados, juzgados y corregidos de manera constante. En ese contexto, poner calorías visibles en cada plato no empodera: vigila.

La patologización de los cuerpos grandes no tiene mayor asidero científico que una mirada de salud reduccionista y pesocentrista, que insiste en usar indicadores aislados para definir bienestar. Ya lo hemos visto antes con herramientas como el IMC, creado con otros fines y convertido en parámetro de salud. Cuando una política se basa en el control del cuerpo, el daño no es un efecto secundario: es parte del mecanismo.

Si realmente queremos avanzar hacia una sociedad más sana, necesitamos políticas públicas que comprendan la complejidad de la alimentación humana. Que incorporen la salud mental como eje central. Que reconozcan la diversidad corporal como parte de lo humano. Y que dejen de reducir el bienestar a indicadores numéricos.

Porque el problema no es la falta de información. Vivimos rodeados de mensajes sobre qué comer, cuánto comer y cómo deberíamos vernos. El problema es el exceso de control, de culpa y de vigilancia sobre los cuerpos.

La comida no necesita más números. Las personas necesitan más cuidado.

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