La Superintendencia de Pensiones ha publicado una serie de normativas para implementar la reforma previsional. Y hay muchas más por venir.

Pero en particular esta semana el regulador puso en consulta pública una norma que ha generado ruido en la industria, y que están analizando en detalle las actuales AFP, pero también los potenciales interesados en formar una administradora.

La norma en cuestión regula la creación de nuevas AFP, pero también trae algunos requisitos para las administradoras que ya están funcionando, y que hasta ahora no existían. Estos apuntan a mayores exigencias para ser director de una AFP, y también se suben los requisitos respecto de los ejecutivos principales en el área de inversiones.

En ambos casos, si la norma estuviese operando actualmente, habría ejecutivos que no cumplirían con el estándar, o que no habrían podido ser nombrados como tales en su momento, aseguran distintas fuentes que han analizado y siguen estudiando el asunto. También hay quienes creen que la medida va más allá de lo que define la ley, pero sigue siendo materia de estudio.

En todo caso, la normativa recién está en su etapa de consulta pública, y tiene como plazo máximo para recibir comentarios el próximo martes 16 de diciembre. Además, según informó la Superintendencia en un comunicado enviado este lunes, si bien “estas nuevas exigencias serán igualmente aplicables a las administradoras existentes”, lo cierto es que “para cumplir con lo requerido se dispone de una transitoriedad hasta abril de 2027″.

Más requisitos

En lo que respecta a la mesa de las AFP, la ley ya establecía que debe estar integrada por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales deben tener el carácter de autónomos.

Pero el texto compendiado que publicó ahora el regulador, agrega que “se deberá acreditar que la mayoría de los directores, considerando titulares y suplentes, cuenta con experiencia acumulada de al menos 10 años en administración de activos en entidades de una industria financiera sujeta a regulación y supervisión por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o en administración de fondos de pensiones o de cesantía sometida a la fiscalización de esta Superintendencia, o sometida a fiscalización de una agencia reguladora del mercado financiero o del sistema de pensiones del respectivo país“.

Agrega que “para el caso de personas que hayan ejercido en entidades en el extranjero, aquellas deben haber sido reguladas y supervisadas por una autoridad del mercado financiero que sea miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)”.

Además, no puede ser cualquier entidad de la industria financiera que esté bajo el paraguas de supervisión de los reguladores anteriormente mencionados, sino que son entidades que “deben haber gestionado activos por cuenta de terceros por un total de al menos US$1.000 millones, al cierre del último año en que los directores hubieren trabajado en aquellas”.

Según creen ejecutivos de la industria que han hecho una primera lectura de la norma, y a lo mismo apuntan algunos interesados en formar AFP que han analizado el texto, estas exigencias limitan bastante el perfil de personas que pueden ser directores, y la medida sería contraria al tipo de directorios al que aspiran algunas empresas, donde apuntan a mayor diversidad en cuanto a la profesión de ejecutivos y su expertise.

Equipos de inversiones

La Superintendencia de Pensiones también definió nuevos requisitos para “el equipo principal de profesionales que desarrollarán la gestión de inversiones”, entendidos como “las personas que ejercen los cargos que reportan directamente al gerente de inversiones o su equivalente”.

Además hay nuevas exigencias para “los ejecutivos principales de inversiones”, que “consideran al gerente de inversiones o equivalente y al responsable de riesgos en materias de inversiones”.

En ese sentido, el “equipo principal de profesionales y el responsable de riesgos en materias de inversiones, deben contar, cada uno de ellos, con una experiencia acumulada de al menos siete años en administración de activos por cuenta de terceros, por al menos US$1.000 millones, en una industria financiera sujeta a regulación y supervisión por la CMF o en administración de fondos de pensiones o de cesantía sometida a la fiscalización de esta Superintendencia, o por una agencia reguladora del mercado financiero o del sistema de pensiones del respectivo país. Para el caso del gerente de inversiones, este requisito será de 10 años“.

Agrega que “para el caso de personas que hayan ejercido en el extranjero, deberán corresponder a entidades que se encuentren reguladas y supervisadas por una autoridad del mercado financiero que sea miembro de la IOSCO”.