SEÑOR DIRECTOR:

Durante la última década, la migración internacional ha transformado significativamente a Chile. Miles de personas han llegado al país en busca de mejores oportunidades y de una vida digna. Actualmente, la población extranjera se aproxima a los 2 millones de personas y representa cerca del 10 % de los habitantes.

El Estado chileno no ha estado a la altura de este desafío humano y demográfico. Durante el segundo gobierno de Bachelet, la negligencia, reflejada en una apertura insuficientemente regulada de las fronteras bajo el argumento de la ciudadanía universal y de que la migración constituye un derecho humano, fue un factor clave para desestimar los esfuerzos orientados a ordenar y planificar estos flujos.

La nueva Ley de Migraciones, vigente desde 2022, representó un cambio significativo que buscaba establecer un sistema migratorio ordenado, seguro, regulado y selectivo. No obstante, sus resultados han sido limitados. Persiste una comprensión insuficiente de la relevancia que estos movimientos poblacionales tienen para el futuro del país.

La comunidad haitiana en Chile está compuesta por cerca de 200.000 personas, la mayoría de ellas residentes en la Región Metropolitana, especialmente en las comunas de Quilicura, Santiago e Independencia. Muchas tienen derecho a la reunificación familiar, mecanismo que permite el ingreso y la residencia de hijos menores de edad. Quienes solicitan este beneficio cuentan con residencia definitiva y forman parte de nuestra sociedad.

Los niños haitianos que han llegado a Chile —muchos de los cuales hoy se encuentran en paradero desconocido— merecen la protección prioritaria del Estado. La localización y el seguimiento efectivo de estos menores, así como de sus familias de acogida, deben constituir una tarea urgente e impostergable para el gobierno, especialmente ante las dudas sobre la capacidad institucional para monitorear adecuadamente su situación y garantizar su bienestar.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología