El Estado invierte millones de dólares en líneas de metro, vías exclusivas para buses, paraderos y estaciones de trenes para mejorar el transporte público y de esta manera disminuir el uso del automóvil.

Sin embargo, esta costosa infraestructura que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos está muchas veces subutilizada en la actualidad. En efecto, el kilómetro de línea de metro tiene un costo aproximado de US$ 100 millones y en torno a las estaciones de esta valiosa inversión pública el promedio de altura de la edificación es de cinco o menos pisos en un 47% de la superficie habitacional ocupada, según estudios de AGS Barómetro normativo y Colliers.

Una ciudad sustentable que invierte en infraestructura para privilegiar el uso del transporte público, debiera planificar el uso de su territorio para aumentar la densificación en torno a los servicios de transporte que el Estado provee. El acceso a estos beneficios debe extenderse a toda la población y para ello los distintos municipios deben aceptar incluir en su territorio a más personas que hagan uso de estos servicios y evitar la exclusión. No parece lógico que los municipios con buena infraestructura construyan muros normativos dentro de sus límites para evitar el ingreso a vivir en ellos a nuevos ciudadanos, que requieren una vivienda para ejercer su derecho a la ciudad.

La ciudad debe entenderse como un sistema, armónico e interconectado, y por lo tanto, sería recomendable que existiera una autoridad superior que imponga normas generales para beneficio de toda la población. Es por ello, que una de las medidas que podría estudiarse es modificar las atribuciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy Consejo Nacional de Desarrollo Territorial para que sus políticas públicas de planificación urbana no sean solo una recomendación para el Presidente de la República como es en la actualidad, sino que establezcan condiciones y normas vinculantes respecto de la reglamentación urbana del país por sobre los Planes Reguladores Comunales. Es evidente que muchos de estos últimos en la actualidad, no cumplen con la planificación de densificación equilibrada que requiere la actual distribución social y demográfica de nuestro país, sobre todo en las cercanías de los corredores de transporte.

En su libro, “El Triunfo de las Ciudades”, Edward Glaeser nos señala que “la ciudad es el mejor lugar para vivir”, pero para que ello suceda, es necesario articular mediante normas generales el equilibrado uso del suelo con equitativa densificación, entendiéndolo como un bien común necesario e irrenunciable. Cuando la normativa presiona a ejercer una baja intensidad urbana es cuando se empieza a producir segregación por escasez de oferta de viviendas bien ubicadas y como consecuencia, un aumento en el valor de estas, impidiendo una mejor rentabilidad social de la inversión en infraestructura y servicios.

Por Yves Besançon, arquitecto