El caso de la senadora Camila Flores, quien denunció esta semana la filtración en redes sociales de imágenes íntimas junto a su actual pareja, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile no puede seguir postergando: la violencia digital contra las mujeres y la urgencia de fortalecer y modernizar las herramientas legales e institucionales para enfrentarla.

La difusión no consentida de imágenes íntimas mediante medios digitales y tecnológicos ya está reconocida como una forma de violencia en la ley integral 21.675 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de género. Se trata de un marco general de política pública que busca orientar una acción transversal y coordinada del Estado, mejorar el acceso a la justicia y promover la reparación de las víctimas.

Este punto es relevante porque, con demasiada frecuencia, la discusión pública se desvía hacia la identidad de quien denuncia, si es de izquierda o derecha; si sus posiciones generan simpatía o rechazo; si adhiere o no a determinadas causas. Pero nada de eso altera el principio fundamental: los derechos no dependen de la ideología de quien los ejerce. Las leyes son para todas.

Lo virtual no es menos real cuando sus consecuencias afectan la vida cotidiana, la salud mental, la reputación y la seguridad de las víctimas. Están en juego derechos fundamentales que el Estado debe resguardar.

En materia digital seguimos al debe. Por eso resulta imperativo aprobar el proyecto de ley que prohíbe conductas de violencia digital, en trámite hace cuatro años. Frente a agresiones que pueden amplificarse en segundos y permanecer indefinidamente en internet, Chile necesita actualizar con urgencia los Códigos Penal y Procesal Penal.

El país no discute este tema en el vacío. La Ley Modelo Interamericana sobre violencia digital de género (MESECVI en 2025), representa una nueva generación regulatoria: define conceptos, estándares, derechos a proteger y responsabilidades compartidas entre Estados, plataformas digitales e intermediarios. Esta semana, además, se cumplieron 32 años de la Convención Belém do Pará, principal tratado regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que Chile ratificó en 1996. El desafío sigue siendo transformar compromisos jurídicos en garantía efectivas.

Es claro que las leyes por sí solas no bastan. Se requiere una institucionalidad sólida, con capacidad técnica, liderazgo político y foco en la protección de derechos. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer está llamado a desempeñar un papel central. Por ello, a tres meses de asumir sus nuevas autoridades, preocupa que su agenda pública aparezca más concentrada en conflictos internos que en los desafíos sustantivos que afectan a millones de mujeres.

La discusión que reavivó el caso de la senadora Flores nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a construir un espacio digital compatible con la dignidad humana. Chile debe dar esta conversación con urgencia, seriedad y sin trincheras ideológicas.

Por Alejandra Sepúlveda, Gta. Proyecto Integridad electoral y Género

(RLAC)-IDEA Internacional